La Asamblea aprobó la norma con 85 votos; juristas y exlegisladores advierten que el combate al crimen organizado exige instituciones sólidas y protección para jueces y fiscales.
Redacción regional
«Las estructuras mafiosas también operan dentro de las instituciones estatales, como por ejemplo los casos Metástasis y Sinohydro, además de las presuntas irregularidades vinculadas con la compraventa de cargos en empresas públicas», advierte el jurista Iván Roldán Rogel, en diálogo con Diario Crónica, al analizar la Ley Antimafias que la Asamblea Nacional aprobó con 85 votos y que endurece las sanciones contra el crimen organizado.
La ley aprobada
La normativa, denominada oficialmente Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado, introduce reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), incorpora nuevas figuras delictivas y establece mecanismos para acumular sanciones. Entre los principales cambios destaca la posibilidad de ampliar hasta 60 años el límite de las penas privativas de libertad, actualmente fijado en 40 años, para condenas por tres o más delitos dolosos, autónomos e independientes, siempre que la suma de las sanciones individuales supere el máximo vigente.
La advertencia del jurista
Roldán Rogel considera que Ecuador ya cuenta con herramientas legales para investigar y perseguir actividades ilícitas, entre estas las leyes relacionadas con lavado de activos, enriquecimiento ilícito e injustificado, además de los controles de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y las investigaciones del Servicio de Rentas Internas (SRI). A su criterio, el problema trasciende la creación de nuevos instrumentos jurídicos.
Respecto al incremento de las condenas, cuestionó el alcance de las nuevas disposiciones, pues la acumulación de penas ya forma parte de la legislación ecuatoriana. Asimismo, advirtió que una condena de 60 años prácticamente representa una privación de libertad durante toda la vida, aunque recordó que el sistema contempla mecanismos que podrían permitir una salida anticipada.
La mirada de la exlegisladora
La exasambleísta por Loja, Jeannine Cruz Vaca, calificó en Diario Crónica como necesaria cualquier iniciativa orientada a combatir la delincuencia y el crimen organizado. No obstante, planteó la importancia de abordar el problema desde una perspectiva integral, ante la presencia de organizaciones criminales y los antecedentes de presunto financiamiento ilícito en la política ecuatoriana.
Cruz Vaca también cuestionó las condiciones del sistema de rehabilitación social y la capacidad estatal para garantizar procesos efectivos de reinserción. A su juicio, endurecer las sanciones requiere recursos, infraestructura y políticas que eviten el reclutamiento de jóvenes por parte de bandas delictivas.
La protección a jueces y fiscales
La exlegisladora enfatizó la necesidad de proteger a jueces y fiscales frente a amenazas y represalias, especialmente en provincias como Esmeraldas, Guayas y Manabí. Para Cruz Vaca, una justicia independiente requiere funcionarios probos, garantías de seguridad y respaldo institucional.
La ley fue aprobada con 85 votos y ahora pasa al Ejecutivo para su sanción o veto. Mientras tanto, el debate sigue abierto: ¿basta con endurecer las penas para combatir a las mafias? Para los expertos consultados, la respuesta es no. El combate al crimen organizado exige, además de la ley, instituciones sólidas, justicia independiente y garantías de seguridad para quienes administran justicia. Loja, por ejemplo, cuenta con un Centro de Rehabilitación Social que supera los 700 presos, una muestra de los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario. (I)
