El informe identifica 41 alertas rojas y 54 naranjas; los expedientes serán trasladados a la Fiscalía y la Contraloría
Redacción nacional
¿Quiénes son los alcaldes y prefectos que no pueden explicar el origen de su patrimonio? La Asamblea Nacional aprobó de manera definitiva un informe que fiscaliza los bienes de las autoridades seccionales. El documento fue elaborado por la Comisión de Gobiernos Autónomos. El informe estableció un sistema de alertas financieras. Un total de 41 autoridades registran variaciones patrimoniales contundentes que no guardan relación con sus ingresos legítimos. Esas autoridades están bajo Alerta Roja. Otras 54 muestran un patrimonio incompatible con sus perfiles de funcionarios públicos y están bajo Alerta Naranja. El resto presentó fluctuaciones menores subsanables o expedientes limpios. La resolución se adoptó con 83 votos a favor.
La votación se realizó con 83 votos a favor. Esos votos provinieron principalmente de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y de asambleístas independientes. Las bancadas del correísmo (Revolución Ciudadana), el Partido Social Cristiano (PSC) y Pachakutik votaron en contra. Los opositores argumentaron una supuesta falta de competencia del Legislativo para auditar directamente a los municipios y prefecturas. El debate reflejó las diferencias políticas en torno al control de los recursos públicos.
«La resolución se adoptó con 83 votos a favor, provenientes principalmente de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y asambleístas independientes. Por el contrario, las bancadas del correísmo (Revolución Ciudadana), el Partido Social Cristiano (PSC) y Pachakutik votaron en contra, argumentando una supuesta falta de competencia del Legislativo para auditar directamente a los municipios y prefecturas», según el reporte de la Asamblea Nacional.
Anonimato y protección del debido proceso
Para evitar interferencias en el escenario político o vulnerar el debido proceso, las identidades de los 95 funcionarios se mantendrán bajo estricto anonimato. Se usarán códigos codificados. El legislador Cristian Benavides, presidente de la comisión encargada, admitió que el proceso coincide con la antesala de los comicios seccionales. Por eso, la confidencialidad busca proteger la presunción de inocencia. También busca mitigar el uso de los hallazgos como herramientas de campaña electoral.
Próximos pasos judiciales
La resolución estipula el traslado inmediato de todos los expedientes con indicios de irregularidades a varias instituciones del Estado. La Fiscalía General del Estado determinará responsabilidades de carácter penal ante posibles delitos de enriquecimiento ilícito. La Contraloría General del Estado iniciará auditorías gubernamentales específicas. La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y el SRI cruzarán información económica. Buscarán rastrear posibles redes de testaferrismo que involucren al entorno familiar de las autoridades. La Asamblea Nacional concluyó su informe con una recomendación urgente. Pidió que las bases de datos de control financiero se interconecten. Eso subsanaría la falta de coordinación entre los entes de control y agilizaría la detección de corrupción.
«La resolución estipula el traslado inmediato de todos los expedientes con indicios de irregularidades a las siguientes instituciones del Estado: Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado, Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y el SRI», según el informe de la comisión.
La fiscalización del patrimonio de las autoridades locales es una demanda ciudadana. La corrupción en los gobiernos seccionales ha sido un tema recurrente en Ecuador. La Asamblea Nacional tiene la facultad de fiscalizar los recursos públicos. Sin embargo, la oposición cuestiona su competencia para auditar directamente a los municipios. El informe aprobado busca determinar si hubo enriquecimiento ilícito. Los expedientes serán analizados por la Fiscalía y la Contraloría. La UAFE y el SRI cruzarán información para detectar testaferrismo. La interconexión de bases de datos es una recomendación clave. El proceso coincide con la antesala de las elecciones seccionales. La confidencialidad de las identidades busca evitar el uso político de los hallazgos. La ciudadanía espera que se determinen responsabilidades. (I)
