Fiscalía y Policía incautaron computadoras, celulares, documentos y USD 5.350; el alcalde niega irregularidades

Redacción regional
«Hay absolutamente carencia de veracidad en esta denuncia». Con esas palabras, el alcalde de Espíndola, Álvaro Antonio García Ontaneda, rechazó las acusaciones por presunto tráfico de influencias. La Fiscalía y la Policía allanaron las oficinas municipales la mañana del miércoles 7 de octubre de 2026. El operativo alcanzó varias dependencias del GAD. También se intervinieron domicilios vinculados con la investigación. Informo diario Crónica.
Funcionarios de la Fiscalía General del Estado ingresaron al municipio. Contaron con apoyo de unidades especiales de la Policía Nacional. Las diligencias alcanzaron la Alcaldía, Secretaría General, Tesorería, Recaudación, Gestión de Riesgos y el Centro de Revisión Vehicular. Agentes también intervinieron viviendas de funcionarios y otros involucrados. La intervención concluyó cerca del mediodía. No dejó personas detenidas. Las oficinas retomaron la atención al público.
«Las diligencias corresponden a una orden judicial emitida dentro del proceso investigativo», manifestó el alcalde Álvaro Antonio García Ontaneda. «Recibí información sobre el procedimiento mientras cumplía actividades en Cariamanga, cantón Calvas».

Evidencias incautadas
Durante los allanamientos, las autoridades incautaron siete celulares. También tres carpetas con documentación. Se llevaron tres computadoras y dos discos portátiles. Incautaron una libreta de apuntes y dos dispositivos USB. Además, aproximadamente USD 5.350 en efectivo. Los elementos quedaron bajo custodia. Serán analizados dentro de la investigación fiscal. La incautación busca determinar responsabilidades.
«Los elementos quedaron bajo custodia para el análisis correspondiente dentro de la investigación fiscal», informó la Fiscalía General del Estado.
Origen de la denuncia
El proceso estaría relacionado con una denuncia de Juan Carlos Torres Cruz. Es un exfuncionario municipal. Habría participado en un concurso de méritos y oposición. No obtuvo uno de los cargos. Según la denuncia, existirían presuntos pagos para favorecer a participantes. El alcalde rechazó esa versión. Afirmó que los hechos denunciados carecen de sustento.
«Según la denuncia, existirían presuntos pagos destinados a favorecer a determinados participantes dentro del proceso de selección. Ante ello, rechazo esa versión ya que los hechos denunciados carecen de sustento», afirmó García Ontaneda.


Versión del alcalde
El burgomaestre recordó que verificó una supuesta transferencia económica. La operación habría sido mencionada como indicio. García afirmó que dicha transferencia nunca ocurrió. Negó la existencia del movimiento de USD 5.000. La Fiscalía también intervino el inmueble donde reside. La propiedad perteneció a su padre fallecido. Indicó que existió una solicitud de detención en su contra. Según su versión, no fue acogida por la autoridad competente. Anunció posibles acciones legales. Acudirá a la Fiscalía el jueves 8 o el lunes 12 de octubre.
«Hay absolutamente carencia de veracidad en esta denuncia«, puntualizó García. «Manifesté disposición para entregar documentación, equipos y cualquier elemento requerido por la Fiscalía».
En 2026, es el segundo municipio lojano allanado por las autoridades. El primero fue Macará, en abril. Los procesos por tráfico de influencias han aumentado en Ecuador. Las investigaciones buscan determinar responsabilidades en concursos públicos. Los allanamientos son parte de las diligencias fiscales. La Fiscalía analiza los equipos y documentos incautados. El caso de Espíndola genera expectativa en la provincia de Loja. La comunidad espera respuestas de las autoridades.
«Anuncié posibles acciones legales frente a las acusaciones que considero falsas. Pretendo demostrar mi inocencia dentro del proceso», concluyó el alcalde Álvaro Antonio García Ontaneda. (I)
