El Gobierno ejecutó 386 operativos contra la minería ilegal en 2025. Expertos y activistas cuestionan la efectividad de las acciones militares y denuncian violaciones a los derechos humanos.
Redacción nacional
La exportación ilícita de oro genera más de USD 1.000 millones anuales para los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) en Ecuador. A pesar de los 386 operativos ejecutados en 2025 y las acciones militares en varias provincias, expertos y activistas cuestionan la efectividad de estas medidas. También denuncian violaciones a los derechos humanos, según informó La República EC.
Los operativos y la posición del Gobierno
En 2025, el Gobierno ecuatoriano ejecutó 386 operativos contra la minería ilegal en el país. Estos consisten en fuerzas militares desarticulando campamentos irregulares en zonas mineras. También arrestan criminales y decomisan maquinaria utilizada para esta actividad. Los operativos ocurren con regularidad a lo largo del país. En 2026, fuerzas militares han realizado operativos en Napo, Pastaza, Zamora Chinchipe, Imbabura, Carchi, Loja y otras localidades.
Según el exviceministro de Minas, Fernando Benalcázar, es la «primera vez que un presidente ecuatoriano le declara la guerra de frente al narcotráfico y a sus redes de financiamiento, como la minería ilegal». «[Daniel] Noboa está haciendo lo que ningún otro mandatario en la región se ha atrevido a hacer», dijo en una entrevista a La Hora.
Expertos y activistas
La efectividad de estos operativos ha sido cuestionada por expertos. En un reporte de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado publicado en 2025, la autora concluye que, en Ecuador, «los esfuerzos de las fuerzas de seguridad han tendido a centrarse en operaciones mineras ilegales puntuales, sin abordar los factores estructurales que las alimentan».
Inewe Nenquimo, activista waorani, señala que «cuando hay estos operativos, hay gente que ya avisa desde adentro». «Antes de un operativo ya hay llamadas diciendo que los militares o los policías van a entrar. Obviamente si estás en un grupo armado vas a estar listo». Nenquimo también advierte que «los GDO utilizan mucho más a los indígenas porque ellos muchas veces no conocen sus derechos constitucionales».
Críticas a la militarización y violaciones a derechos humanos):
Geovanna Posso, fundadora y coordinadora de la plataforma antirracista Esmeraldas Libre, ha presenciado varios procesos de militarización. Sostiene que, históricamente, su territorio ha sido «invisibilizado» y «marginado» a través de estas políticas estatales. «El militarizar lo único que genera es una violación sistemática de derechos», afirma. «El Gobierno quiere decirnos que su ‘Plan Fénix’ funciona cuando sabemos que es una pérdida absoluta de derechos».
Posso menciona el caso ‘Las Malvinas’, en el que cuatro niños fueron detenidos por las FFAA y posteriormente asesinados en Guayaquil. El caso terminó en la condena de varios miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). «Lo que estamos viendo con el caso de los niños de Las Malvinas es una reproducción de algo que ya ocurre en Esmeraldas», dice. Estas denuncias coinciden con acciones de organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). La Conaie ha expresado preocupación por posibles violaciones a los derechos humanos durante los ataques a la minería ilegal en el país. (I)
Con información dé La Republica.ec
