La Comisión de Gobiernos Autónomos aprobó el informe para segundo debate; juristas advierten una «guillotina política» y otros defienden la continuidad administrativa.
Redacción regional
«Las ausencias pueden responder a diferentes circunstancias, por lo que no todas deberían recibir el mismo tratamiento legal», advierte el jurista Kléver Puglla, en diálogo con Diario Crónica, sobre la reforma al Cootad que establece que alcaldes, prefectos y presidentes de juntas parroquiales serán cesados si su ausencia temporal supera los 90 días consecutivos.
Qué establece la reforma
La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional aprobó el 3 de noviembre de 2026, con siete votos, el informe para segundo debate de las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). La propuesta modifica los artículos 52, 62 y 71 y establece que, una vez cumplido el plazo de 90 días, la ausencia temporal se convierte automáticamente en definitiva, sin necesidad de una resolución previa del concejo municipal, el consejo provincial o la junta parroquial .
La iniciativa es atribuida al asambleísta Sergio Peña, exintegrante de Revolución Ciudadana y ahora aliado del oficialismo. El proyecto también contempla una jornada presencial de 40 horas semanales para los concejales y establece que las actuaciones por medios telemáticos no interrumpen el conteo de los 90 días .
Las posiciones a favor
El presidente de la Comisión, Cristian Benavides, rechazó que la reforma tenga «dedicatoria» o busque perseguir a alcaldes específicos. «La norma no tendrá carácter retroactivo y se aplicará hacia el futuro», señaló. Según explicó, el objetivo es evitar que los municipios queden en el abandono o sean administrados a distancia mediante plataformas telemáticas .
Desde el ámbito constitucional, el abogado Henry Acaro manifestó a Diario Crónica su respaldo a la medida. «Las instituciones no pueden permanecer indefinidamente sin una autoridad principal que ejerza sus responsabilidades; el dejar encargado no le permite ejercer plenamente sus funciones», expresó.
El contexto: alcaldes detenidos o ausentes
La propuesta llega mientras varias autoridades locales enfrentan procesos judiciales o situaciones de seguridad que han limitado su presencia en los despachos. Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, permanece ausente desde febrero de 2026 por el caso Goleada. Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, fue detenido en junio por el caso Blindaje. Johana Núñez, prefecta de Santo Domingo, dejó de asistir a su despacho tras una orden de prisión preventiva. Luis Chonillo, alcalde de Durán, dirige sesiones de forma telemática desde agosto de 2024 por motivos de seguridad .
Las posiciones en contra
El asambleísta Xavier Lasso, de Revolución Ciudadana, advirtió sobre posibles motivaciones políticas detrás de la propuesta. A su criterio, la medida podría afectar a autoridades locales de oposición que actualmente enfrentan procesos judiciales . El jurista Mauro Andino calificó la disposición como una «guillotina política» dirigida contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz .
Puglla, por su parte, plantea diferenciar entre una autoridad que abandona voluntariamente sus funciones y otra que afronta una medida judicial dentro de un proceso cuya responsabilidad todavía no ha sido determinada mediante sentencia. Advierte que cualquier modificación normativa debe contemplar garantías del debido proceso, seguridad jurídica y respeto a los derechos políticos.
La voz ciudadana
Susana Rojas manifestó a Diario Crónica que quienes llegan a una alcaldía o prefectura mediante el voto popular tienen la obligación de cumplir sus funciones y atender las necesidades de la población. No obstante, considera que la salida de una autoridad no debería depender exclusivamente del tiempo transcurrido, sino también de las circunstancias que originaron su ausencia.
La propuesta de reforma al Cootad mantiene abierto el debate sobre los límites de las ausencias temporales, la responsabilidad de las autoridades elegidas popularmente y las garantías constitucionales. El próximo domingo 29 de noviembre de 2026, el país elegirá a nuevos alcaldes, prefectos y vocales de las juntas parroquiales, quienes ya podrían experimentar la nueva reforma, pero solo si es aprobada en el Pleno de la Asamblea Nacional. (I)
