El exalcalde de Quito admitió en Vistazo que crear el Consejo fue un error de la Constituyente de Montecristi; el 29 de noviembre, 65 candidatos buscan un puesto en la entidad.

Redacción nacional
«La definición del modelo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue sin duda un enorme error institucional y lo hemos pagado de una manera terrible», admite Augusto Barrera, exenlace de coordinación entre el Ejecutivo de Rafael Correa y el bloque mayoritario en la Constituyente de Montecristi, en entrevista con Vistazo.
Qué es el CPCCS y por qué se creó
La Asamblea Constituyente de Montecristi redactó la actual Constitución, vigente desde fines de septiembre de 2008, luego de ser refrendada por el voto popular. Uno de los cambios cruciales fue la creación del CPCCS, una entidad de siete consejeros cuya función consistía en dirigir los concursos ciudadanos para elegir a todas las autoridades de control: Contralor, Fiscal general, Procurador y superintendencias.
El organismo debía ser una alternativa ciudadana frente a la práctica que había imperado hasta entonces: el Congreso recibía ternas con los nombres de los postulados por las distintas entidades, y para lograr mayoría de votos había un intercambio de favores entre las tiendas políticas.

El mea culpa de Barrera
Barrera, quien también fue alcalde de Quito y titular de la Senescyt, reconoció «con todas las palabras y las letras» que la definición del modelo del Consejo fue un error. «Debió haberse construido un camino institucional. Vamos a ir a una papeleta que va a validar nuevas autoridades y está en juego modificar las funciones de esa instancia. Creo que más allá de la opinión tenemos un desafío pendiente, requerimos convocar un esfuerzo colectivo para corregir esto», explica.

La reforma de 2018 y la elección por voto popular
En un inicio, el CPCCS estuvo conformado por miembros escogidos a través de concursos. En la transición entre los mandatos de Rafael Correa y Lenín Moreno se produjo un quiebre. En febrero de 2018, una consulta popular promovida por Moreno dio paso a una reforma sustancial: los consejeros de entonces fueron destituidos y, a partir de esa época, se eligen por el voto popular.
Pero esto genera un problema que Barrera advierte: «No sabemos quiénes están en la papeleta y les vamos a dar el peso de elegir autoridades de control». En paralelo, empezó un período de inestabilidad institucional, destituciones, crisis internas, pactos y denuncias mutuas. Todo ello desgastó la legitimidad del ente, que integra el así llamado «quinto poder» creado por la Constitución de 2008.

La elección del 29 de noviembre
El domingo 29 de noviembre, los electores recibirán varias papeletas. Tres de ellas mostrarán los candidatos para el CPCCS. Un total de 65 postulantes buscan un sitio en el nuevo Consejo a través del voto: la papeleta de mujeres tendrá 26 candidatas; la de hombres, 38 aspirantes; y la tercera contendrá los postulantes de pueblos indígenas, pero una sola persona fue calificada. Cada elector puede escoger un máximo de tres mujeres, tres hombres y una representante indígena. Si vota por más de siete personas, anulará su voto.
Barrera también se refirió a su decisión de no candidatear a la Alcaldía de Quito en 2026. «Si para ir a una elección de consejo estudiantil se requiere tiempo de campaña, no se diga para una elección de Quito», afirmó a Vistazo. Le preocupó la modificación de reglas «en un proceso electoral altamente marcado por el debilitamiento de la estructura institucional del país». Para los votantes, el desafío está claro: informarse sobre los 65 candidatos antes de acudir a las urnas, porque de esa elección depende el control de las autoridades del Estado. (I)
