Las marchas se realizarán del 29 de octubre al 10 de diciembre; exigen atención a la salud, la educación y el empleo
Redacción nacional
«Denunciaron presuntos actos de persecución judicial y amenazas contra los dirigentes de base, catalogándolo como un intento estatal de criminalizar el legítimo derecho a la protesta social». Con esta denuncia, Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), y Nelson Erazo, líder del Frente Popular, anunciaron una nueva jornada escalonada de protestas. Las agrupaciones sindicales, estudiantiles y de la sociedad civil convocaron de forma oficial a las movilizaciones. La agenda se extenderá desde finales de octubre hasta diciembre de 2026. Los dirigentes argumentan que estas acciones buscan defender las libertades públicas, el derecho a la salud, la educación y expresar el rechazo colectivo frente a la gestión del Gobierno nacional.
El calendario de movilizaciones establecido tiene cuatro fechas. La primera gran concentración será el jueves 29 de octubre en Quito. Está fijada a partir de las 16:00 en las inmediaciones de la Caja del Seguro del IESS. El sábado 7 de noviembre será una jornada conjunta y articulada a nivel nacional. Participarán diferentes colectivos sociales y de trabajadores. El miércoles 25 de noviembre habrá una marcha y concentración en rechazo a la violencia contra la mujer. El jueves 10 de diciembre será la movilización final de la agenda. Esa jornada estará orientada a la defensa de los derechos humanos.
«Los dirigentes gremiales argumentan que estas acciones buscan defender las libertades públicas, el derecho a la salud, la educación y expresar el rechazo colectivo frente a la actual gestión del Gobierno nacional», según el reporte de los organizadores.
Motivos del descontento
Durante una rueda de prensa conjunta celebrada este miércoles, los portavoces del sector social expresaron las razones de las protestas. El impacto de la crisis energética y los constantes apagones que sufre el país son una de ellas. Los representantes cuestionaron la escasez de plazas de empleo formal. También el deterioro presupuestario en los planteles de educación pública. Y el persistente desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos en la red de salud del Estado. Esas demandas reflejan el descontento ciudadano.
«Los representantes cuestionaron duramente la escasez de plazas de empleo formal, el deterioro presupuestario en los planteles de educación pública y el persistente desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos dentro de la red de salud del Estado», según el reporte de la rueda de prensa.
Persecución y coyuntura electoral
Andrés Quishpe y Nelson Erazo denunciaron presuntos actos de persecución judicial. También amenazas contra los dirigentes de base. Calificaron esas acciones como un intento estatal de criminalizar el derecho a la protesta social. Las jornadas se realizan en un ambiente de coyuntura electoral. Los comicios del 29 de noviembre están próximos. En esa fecha se elegirán consejeros del CPCCS y autoridades seccionales. Los directivos gremiales hicieron un llamado público a reflexionar sobre el voto. La reflexión está orientada al partido oficialista Acción Democrática Nacional (ADN).
Las organizaciones sociales han mantenido una agenda de movilizaciones en Ecuador. La UNE y el Frente Popular han liderado protestas en años anteriores. Las demandas se centran en los derechos laborales, la salud y la educación. La crisis energética ha agravado la situación. Los apagones afectan a hogares, comercios e industrias. El desabastecimiento de medicamentos es una queja constante. La escasez de empleo formal afecta a los jóvenes. Las organizaciones exigen respuestas al Gobierno. La coyuntura electoral marca el desarrollo de las protestas. Los dirigentes llaman a reflexionar sobre el voto. Las movilizaciones buscan visibilizar las demandas sociales. (I)
