Una denuncia por presunta extorsión será presentada este martes ante la Fiscalía. Los implicados habrían ofrecido retirar a funcionarios de la lista de 245 alcaldes y prefectos sometidos a fiscalización. La Asamblea aprobó una prórroga de 10 días para el informe final.
Redacción nacional
Una denuncia por presunta extorsión será presentada este martes 22 de septiembre ante la Fiscalía. Los implicados habrían ofrecido sacar a funcionarios de la lista de 245 alcaldes y prefectos sometidos a fiscalización por la Asamblea Nacional, según informó Primicias.
La denuncia y el origen del caso):
El presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Cristian Benavides, acudirá a la Fiscalía General del Estado, en Quito, para poner el caso formalmente en conocimiento de las autoridades. El caso surgió a partir de la advertencia de un alcalde de la provincia de Pichincha. Como parte de la información recopilada, la autoridad proporcionó números de teléfonos celulares y otros datos. Con ellos se buscará determinar la identidad de las personas involucradas.
Cristian Benavides, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos):
Los autores de las llamadas se habrían identificado como «ciudadanos de la Asamblea». No obstante, Benavides aseguró que no serían funcionarios del Legislativo. Se refirió a ellos como un «círculo de extorsionadores».
Contexto del proceso de fiscalización
La alerta se dio a conocer mientras la Asamblea avanza con la fiscalización de los presuntos incrementos injustificados en los patrimonios de alcaldes y prefectos. El proceso comprende a 245 autoridades seccionales del país.
Este martes, el Pleno de la Asamblea aprobó con 82 votos una prórroga de 10 días. El objetivo es que la Comisión de Gobiernos Autónomos concluya y entregue su informe final. Benavides explicó que el trabajo sufrió cambios después de la transición en la presidencia de la Comisión. Asumió el cargo el pasado 19 de agosto.
Posteriormente, el pasado 8 de septiembre, la mesa aprobó una hoja de ruta. Contempla comparecencias, solicitudes de información y actualización de datos provenientes de distintas instituciones. Para el análisis se contrastan datos patrimoniales y financieros. Se aplican metodologías utilizadas por instituciones como la Contraloría General del Estado y el Servicio de Rentas Internas (SRI). La información recibida todavía debe ser sistematizada y unificada antes de elaborar las conclusiones.
El proceso de fiscalización fue dispuesto originalmente por el Pleno el 23 de junio de 2026, con un plazo de 90 días. La revisión comprende a 221 alcaldes y alcaldesas y 24 prefectos y prefectas de todo Ecuador. (I)
