Con 85 votos a favor, el Legislativo aprobó una resolución para fiscalizar las declaraciones patrimoniales de 225 alcaldes y 23 prefectos. La Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados deberá elaborar un informe en 90 días.
Redacción nacional
El control sobre las autoridades seccionales se intensifica a cinco meses de las elecciones. La Asamblea Nacional aprobó una resolución para fiscalizar las declaraciones patrimoniales de alcaldes y prefectos del Ecuador. La iniciativa, respaldada por 85 legisladores, se fundamenta en recientes revelaciones periodísticas sobre los registros patrimoniales presentados por autoridades locales ante la Contraloría General del Estado.
Casos con variaciones patrimoniales
De acuerdo con información de Ecuavisa, durante el debate, el asambleísta de ADN, Fernando Jaramillo, explicó que se analizaron las declaraciones de 225 alcaldes y 23 prefectos del país, encontrándose 79 casos con variaciones patrimoniales que serán objeto de revisión. Como parte de la resolución, la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados deberá elaborar un informe sobre el tema en un plazo de 90 días.
Investigación sobre trolebuses de Quito
La mayoría legislativa también aprobó que la Comisión de Relaciones Internacionales investigue la adquisición de 60 trolebuses realizada por el Municipio de Quito en 2025. Desde el oficialismo se sostiene que existen indicios de un posible perjuicio económico superior al ya identificado por la Contraloría.
El legislador de ADN, Xavier Ordoñez, aseguró que una proforma del fabricante evidenciaría que la compra pudo haberse realizado de manera directa y por un valor significativamente menor. Según indicó, la diferencia alcanzaría aproximadamente seis millones de dólares.
Reacciones de la oposición
Desde la bancada de la Revolución Ciudadana rechazaron los cuestionamientos y defendieron la gestión del alcalde de Quito, Pabel Muñoz. La asambleísta Liliana Durán sostuvo que la compra de los trolebuses ha generado beneficios para la movilidad y el medio ambiente de la capital, y denunció que las investigaciones tendrían motivaciones políticas en medio del proceso electoral que se avecina.
Las críticas también llegaron desde otros sectores de la oposición. El legislador socialcristiano Alfredo Serrano cuestionó que la Asamblea impulse investigaciones sobre municipios y prefecturas cuando, a su criterio, esa labor corresponde a los concejos municipales y consejos provinciales. Además, señaló que el Legislativo debería concentrar sus esfuerzos en la fiscalización de las funciones del Gobierno central.
Recomendaciones y escenario político
Entre las recomendaciones aprobadas por el Pleno consta un pedido para que el Concejo Metropolitano de Quito analice el proceso de adquisición de los trolebuses. Sin embargo, ese organismo cuenta actualmente con una mayoría de concejales afines al correísmo, lo que anticipa un nuevo escenario de confrontación política en torno a este caso.
Fiscalización en contexto electoral
La resolución aprobada por la Asamblea Nacional marca un hito en la fiscalización de las autoridades seccionales. A cinco meses de las elecciones, el control sobre los recursos públicos y las declaraciones patrimoniales se convierte en un tema central de la agenda política. La elaboración del informe en 90 días determinará si existen responsabilidades que deban ser sancionadas.
La fiscalización de las declaraciones patrimoniales de las autoridades públicas es un mecanismo fundamental para garantizar la transparencia y combatir la corrupción en el país.
Declaraciones patrimoniales: En Ecuador, las autoridades electas y funcionarios públicos están obligados a presentar declaraciones patrimoniales ante la Contraloría General del Estado al inicio, durante y al final de su gestión. Estas declaraciones permiten verificar la evolución del patrimonio de los funcionarios y detectar posibles enriquecimientos ilícitos.
Contraloría General del Estado: La Contraloría es la entidad encargada de fiscalizar el uso de los recursos públicos. En 2025, la Contraloría identificó presuntos perjuicios económicos en la adquisición de trolebuses por parte del Municipio de Quito, lo que motivó la investigación legislativa.
Elecciones seccionales: Las elecciones para alcaldes, prefectos y concejales se realizarán en 2026. En este contexto, la fiscalización de las autoridades en funciones adquiere una relevancia especial, ya que los resultados de estas investigaciones pueden influir en el proceso electoral.
