La decisión de la Contraloría General del Estado (CGE) de modificar el acceso a las declaraciones patrimoniales juradas de los funcionarios públicos, restringiendo la información, genera una fuerte polémica en la ciudadanía. Desde el 20 de abril, la página de la Contraloría no permite acceder a las declaraciones de manera libre y abierta .
Redacción regional
La entidad estableció un candado que exige que el ciudadano solicitante se identifique previamente con su número de cédula, fecha de emisión, correo electrónico y acepte el tratamiento de sus datos personales. El sistema enviará un código de verificación y cada consulta quedará registrada con nombre, hora y un código de seguimiento .
Reacciones encontradas
El abogado Luis Cuenca Medina señaló a diario Crónica que registrar a quienes desean exponer a los malos elementos, como periodistas e investigadores, es coartar a la prensa. “La transparencia pública podría verse afectada. Ahora todos podrán camuflarse en las normas y quien intente investigar dejará un rastro, que en un futuro puede ser sancionado o incluso intimidado”, advirtió .
La ciudadana Janet Berrú para crónica cuestionó la forma del sistema para ocultar los datos de los funcionarios públicos. “Ellos son personas que sirven a la ciudadanía y por ende están al escrutinio público. La declaración patrimonial permitía acceder a sus datos para conocer la calidad del trabajador y, de ser el caso, denunciar por un mal servicio. Ahora nadie podrá hacerlo”, afirmó .
El analista Hever Sánchez Martínez expresó que “cuando alguien omite o restringe información es que algo oculta. Las instituciones públicas tienen por mandato constitucional un principio de transparencia; cuando renuncian a él es que algo está pasando” .
Pronunciamiento oficial
La Superintendencia de Protección de Datos Personales emitió un comunicado señalando que la medida permite mayor seguridad tanto para el funcionario como para el solicitante, y que la protección de datos es un derecho que asiste a las personas, incluso en contextos de escrutinio público .
La Contraloría dio marcha atrás en parte: eliminó la marca de agua y restituyó parte del desglose patrimonial, pero mantiene restricciones en el acceso, lo que preocupa a la sociedad civil .
La Contraloría puso candado a las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos. Ya no se puede consultar libremente. Hay que dar cédula, correo y cada consulta queda registrada. Un abogado dice que es coartar a la prensa. Una ciudadana dice que ahora nadie podrá denunciar a los malos trabajadores. La Contraloría dio marcha atrás en parte, pero la información sigue restringida. La transparencia, en riesgo. (I)
Con información de Crónica
