Las elecciones presidenciales en Perú quedaron empañadas por el escándalo de la empresa Galaga SAC, contratista de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) encargada del transporte de material electoral. La compañía retrasó la distribución, lo que impidió la votación en 187 juntas receptoras y dejó sin sufragar a más de 52.000 ciudadanos .
Redacción internacional
En su página web, Galaga se presenta como una empresa que prioriza la puntualidad. Acumula más de 36 millones de dólares en contratos con el Estado peruano. La ONPE ya la había penalizado en tres ocasiones por incumplimientos en servicios similares, pero volvió a adjudicarle contratos .
“Un tremendo escándalo”
Augusto Álvarez Rodrich, analista peruano, explicó a RFI la magnitud del problema. “Hasta ayer casi nadie conocía la empresa Galaga. Ahora, todos la conocen porque ha sido responsable de un tremendo escándalo que ha malogrado esta elección, la ha ensuciado. No en el fondo porque los votos involucrados con las demoras no llegan a ser tan grandes, pero sí deja una sensación muy mala y en un contexto de poca confianza en las instituciones. Simplemente degrada más la percepción de confianza de la ciudadanía sobre las autoridades electorales”, señaló .
La ONPE responsabilizó del retraso electoral directamente a Galaga, que niega las acusaciones. “No hay una explicación muy racional para eso. Si ya había actuado mal, ¿para qué la vuelven a contratar? Es algo que las investigaciones van a dilucidar”, comentó Rodrich .
El riesgo de judicialización
Marcela Ríos, directora para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional), analizó para RFI el impacto del escándalo. “Ciertamente acá va a haber una tentación de judicializar el proceso y de impugnar los resultados. Ya era un riesgo latente en un contexto tan fragmentado y tan polarizado, y el riesgo de esa judicialización solo ha aumentado con los errores en el procedimiento”, señaló .
Ríos destacó la importancia de que las instituciones peruanas realicen una investigación exhaustiva. “Es imprescindible que los problemas que ocurrieron en este proceso sean totalmente subsanados para la segunda vuelta, para que la ciudadanía peruana pueda confiar y acudir a votar tranquilamente”, añadió .
Detención de funcionario
Mientras el gerente general de Galaga guarda silencio, la Policía Nacional detuvo al gerente de la gestión electoral de la ONPE por el presunto delito de omisión y demora de actos funcionales. La institución indicó que esta acción se realizó en estricto cumplimiento de la ley como parte de la lucha contra la corrupción .
La empresa Galaga debía llevar las urnas. No lo hizo a tiempo. 52.000 peruanos no pudieron votar. No es la primera vez que incumple: la ONPE ya la había penalizado tres veces. Aun así, le siguieron dando contratos. El analista Augusto Álvarez Rodrich lo llama “tremendo escándalo”. La confianza en las instituciones, ya frágil, se degrada aún más.
Con información dé RFI