La Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) desvinculó a un funcionario de su cargo en Zamora Chinchipe y presentó una denuncia formal ante la Fiscalía por presuntos actos de corrupción. El implicado, identificado como Hernán Marcelo S C, habría realizado solicitudes irregulares, chantajes y amenazas a través de una videollamada, presentándose como una “autoridad de Zamora” vinculada al ámbito minero .
Las exigencias del funcionario
Según la denuncia, el exfuncionario exigía pagos semanales de hasta 2.500 dólares a mineros para permitirles operar. Fragmentos de conversaciones y audios difundidos revelan que las solicitudes se realizaban bajo condiciones específicas y con un tono amenazante. En las grabaciones, el implicado hacía referencia a la entrega de “documentos” y utilizaba su cargo para presionar a los mineros .
La acción institucional
La ARCOM indicó que ya se presentó la denuncia formal ante la Fiscalía para que se investiguen posibles delitos como concusión con amenazas y delincuencia organizada, conforme al Código Orgánico Integral Penal (COIP). La institución señaló que esta acción forma parte de un proceso de depuración interna impulsado desde febrero de 2026 .
La reacción de las autoridades
La gobernadora de Zamora Chinchipe, Ivonne Panchi, manifestó que no se tolerarán actos de corrupción en la administración pública e instó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad .
El contexto en la provincia
Zamora Chinchipe es una provincia con una importante actividad minera, tanto legal como ilegal. En los últimos meses, las autoridades han intensificado operativos contra la minería ilegal en el Parque Nacional Podocarpus y en zonas como El Pangui, Nangaritza y Palanda. La presencia de un funcionario de control involucrado en actos de corrupción genera alertas sobre la vulnerabilidad del sistema de regulación.
Lo que viene
La Fiscalía continúa con el análisis del caso para determinar responsabilidades. La denuncia por concusión con amenazas y delincuencia organizada podría derivar en un proceso penal contra el exfuncionario. Para los mineros de la provincia, el caso es un recordatorio de que la corrupción también opera desde las instituciones encargadas de vigilar la actividad.
Un funcionario encargado de regular la minería exigía dinero a los mineros para dejarlos trabajar. Hasta 2.500 dólares semanales. Lo hacía con amenazas, en videollamadas, usando su cargo como instrumento de presión. La institución lo destituyó y denunció, pero el caso deja preguntas abiertas: ¿cuánto tiempo duró esta práctica? ¿cuántos mineros pagaron por miedo? ¿qué mecanismos fallaron para que un funcionario de control se convirtiera en extorsionador?
En una provincia donde la minería es fuente de trabajo para miles de familias, la corrupción no es solo un delito: es un obstáculo para el desarrollo y una herida a la confianza en las instituciones. La Fiscalía deberá investigar. La ciudadanía, vigilar.
