El ministro compareció ante la Comisión de Fiscalización por el nuevo escándalo de corrupción en la ANT. Han transcurrido seis meses desde la intervención en Manta y Durán.
Redaccion nacional
QUITO, Ecuador. 3 de febrero de 2026.- El ministro del Interior, John Reimberg, calificó como «un desastre» el manejo de las competencias de tránsito por parte de las alcaldías y planteó ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional la posibilidad de retirarles estas atribuciones. La comparecencia del funcionario, realizada el 2 de febrero de 2026, se produjo en el marco de un proceso de fiscalización iniciado por el nuevo escándalo de corrupción que sacude a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), seis meses después de la intervención estatal en las agencias de Manta y Durán.
Seis meses de intervención y un nuevo escándalo
La comparecencia de Reimberg se produce en un contexto de crisis institucional en el sistema de tránsito ecuatoriano. Han transcurrido seis meses desde que el Gobierno intervino las agencias de Tránsito de Manta y Durán, y ahora un nuevo caso de corrupción afecta directamente a la ANT a nivel nacional.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea inició el proceso de fiscalización el 2 de febrero y convocó al ministro del Interior para que explique los hallazgos en esas entidades y presente propuestas legislativas para combatir la corrupción.
Propuesta: retirar competencias de tránsito a municipios
Durante su intervención en la mesa legislativa, Reimberg presentó ideas y propuestas que la Asamblea podría tratar para enfrentar lo que las autoridades califican como corrupción generalizada en el sistema de tránsito.
Entre las opciones planteadas figura la posibilidad de retirar las competencias de tránsito a las alcaldías del país, una medida que implicaría una reforma estructural en la forma en que los ciudadanos obtienen licencias de conducir y realizan trámites vehiculares en sus localidades.
Planes operativos en ejecución
El ministro informó que tras el levantamiento de información en las entidades intervenidas se establecieron planes operativos concretos para atender los problemas detectados. Afirmó que esas acciones ya se aplican como parte de la intervención estatal.
Reimberg manifestó que la seguridad vial constituye una prioridad para el Estado y señaló que las decisiones adoptadas responden a la necesidad de proteger a los ciudadanos y recuperar el control institucional.
«La intervención pretende garantizar seguridad en el país y el Gobierno debe actuar con firmeza e institucionalidad frente a estas problemáticas», indicó el funcionario.
Corrupción generalizada en el sistema de tránsito
Según las autoridades, los hallazgos revelan que la corrupción en el sistema de tránsito sería generalizada, abarcando desde la venta irregular de licencias hasta la agilización de trámites mediante sobornos, prácticas que ponen en riesgo la seguridad vial del país.
La Comisión de Fiscalización continúa el proceso para determinar responsabilidades y evaluar las propuestas presentadas por el Ejecutivo.
