Procuraduría evalúa impugnar laudo que obliga al Estado a pagar USD 220 millones; plazo vence en tres meses
Redacción nacional
QUITO, Ecuador, 12 de diciembre de 2025 (CHOY) .- Según la agencia EFE, el expresidente Rafael Correa negó este jueves que su Gobierno interviniera en el litigio ambiental contra Chevron, horas después de que legisladores oficialistas lo señalaran como responsable del laudo arbitral que condena al Estado ecuatoriano a pagar 220 millones de dólares a la petrolera. La Procuraduría General confirmó que analiza una acción de anulación ante tribunales de Países Bajos.
A través de la red social X, Correa afirmó que “jamás el Estado fue codemandante en el juicio contra Chevron-Texaco” y que su administración “no intervino en nada, como lo verificó el propio tribunal de La Haya”. El exmandatario agregó que, entre 2007 y 2017, su gestión “siempre respaldó a las comunidades indígenas” y denunció “la destrucción de la selva”.
La declaración respondió a señalamientos de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), que el miércoles presentó un proyecto de ley de repetición para recuperar el monto de la condena. Los legisladores argumentaron que, durante el Gobierno de Correa, el Estado “intervino” en el proceso judicial y “forjó sentencias”, lo que —según su versión— derivó en el fallo internacional adverso.
El procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea, precisó que Ecuador dispone de un plazo de tres meses para presentar una acción de anulación ante la corte de Países Bajos, sede del Tribunal Arbitral de La Haya. “Lograr una anulación es bastante complicado, pero hemos tenido casos exitosos de anulaciones parciales”, declaró Larrea al canal Teleamazonas.
En paralelo, el Ministerio de Economía y Finanzas debe definir si ejecuta el pago o negocia un cronograma con Chevron. La cartera de Estado no se ha pronunciado sobre la fuente de los fondos o un posible acuerdo.
El litigio se originó en 1993 por demandas de comunidades indígenas y campesinas de Sucumbíos y Orellana, quienes atribuyeron a la operación de Texaco —adquirida por Chevron en 2001— contaminación entre 1964 y 1990. En 2011, una corte de Lago Agrio ordenó a la empresa pagar 9.500 millones de dólares en reparación, pero la petrolera recurrió a instancias internacionales.
El Tribunal Arbitral de La Haya falló en 2018 a favor de Chevron, determinando que Ecuador violó el Acuerdo Bilateral de Inversiones con Estados Unidos al no impedir “fraude, soborno y corrupción” en el proceso judicial interno. En septiembre de 2023, el mismo tribunal cuantificó la indemnización en 220 millones de dólares, más intereses.
El caso Chevron-Texaco es el litigio ambiental transnacional de mayor duración en la historia de Ecuador. Organizaciones de afectados anunciaron que presentarán una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos si el Estado acata el laudo sin agotar las vías de impugnación. La decisión del Gobierno se espera antes del vencimiento del plazo en marzo.
