Casos como los ‘10 de Luluncoto’ y el de David Rosero se incluyen en el grupo de análisis de persecución política.
Los defensores de Derechos Humanos y líderes sociales atravesaron un esquema de persecución similar al de los defensores de la naturaleza, según el informe de la Mesa por la Verdad y Justicia. Inicialmente, el análisis fue de ambos casos en un solo grupo, pero se hizo una división por la relevancia de la persecución.
Los procesos judiciales, en estos casos, iniciaron por protestas a leyes o medidas del Gobierno. También se habrían registrado “violaciones al debido proceso, detenciones ilegales, flagrancias fuera de tiempo, cambio de jueces y fiscales, demoras excesivas en la tramitación o resoluciones muy aceleradas, eliminación de las pruebas presentadas por las víctimas, sentencias sin motivación y altas penas”. (AGO)
Los 3 de Cotopaxi
Edwin Lasluisa, expresidente de la FEUE-Cotopaxi; Paúl Jácome exasambleísta alterno de Cotopaxi y Xavier Cajilema, exconcejal de Latacunga, fueron demandados por el delito de agresión terrorista por haber participado en dos protestas. Una para exigir presupuesto para la Universidad Técnica de Cotopaxi y otra para exigir a la Asamblea que derogara el veto presidencial a la Ley de Servicio Público. Las movilizaciones fueron el 30 de septiembre de 2010.
El expresidente Rafael Correa señaló en dos ‘sabatinas’ que eran “criminales protestando” y vinculó a los tres como parte del supuesto golpe de Estado. Así, fueron enjuiciados y sentenciados a un año de cárcel.
En el proceso judicial se evidenció que el fiscal pidió que se los llame a juicio bajo 52 tipos penales. El juicio se inició por 25 tipos penales, desde el artículo 130 al 155. Por lo que los procesados quedaron en la indefensión. La principal prueba fue una bandera del MPD y los testigos, en su mayoría, habrían sido militantes de Alianza País.
David Rosero
El exconsejero de Participación y Control Social David Rosero fue detenido junto con el presidente de la UNE-Imbabura Jaime Villacís, Mario Landeta, Roberto Villamar e Irene Ortiz. La detención se dio después de reclamar por el allanamiento a la UNE, con alrededor de 150 policías, después de la decisión gubernamental de intervenir el Fondo de Cesantía del Magisterio.
La Fiscalía acusó a Rosero del delito de ataque o resistencia. En la audiencia de flagrancia se determinó como medidas cautelares la presentación cada 15 días ante la justicia, medidas que se mantienen hasta ahora. Este año la audiencia de juzgamiento fue suspendida debido a que Rosero está de candidato al Consejo de Participación Ciudadana.
Los 10 de Luluncoto
El 3 de marzo, en el barrio de Luluncoto, en Quito, 10 activistas políticos y sociales (tres mujeres y siete hombres) se reunieron para discutir la realidad nacional y su participación en la Marcha del Agua, la Vida y Dignidad de los Pueblos, convocada por varias organizaciones para el 22 de marzo, calificada de “marcha golpista y violenta”, por el exmandatario Rafael Correa. Alrededor de las 15:00, se realizó un allanamiento. “Un grupo de personas con camuflaje tumbaron la puerta abruptamente y entraron con armas de alto calibre”, señala el informe.
Desde las 16:00 hasta las 22:00 fueron ilegalmente detenidos. En ese momento se emitió la documentación para legalizar el allanamiento y las detenciones. Al grupo se lo trató de vincular con Sendero Luminoso y se realizaron investigaciones por 52 tipos penales. Después de nueve meses de investigaciones, fueron sentenciados por tentativa de organización terrorista.
En el proceso, las víctimas cuentan que hubo violaciones al debido proceso, como que no se les notificó a los testigos de los ‘10 de Luluncoto’ para que rindan versión y que no fueron juzgados ante un juez competente. Además, para justificar el operativo se les trató de vincular con explosiones de bombas panfletarias y se produjeron 72 piezas comunicacionales sobre el caso en el que se los calificó de ‘terroristas’. La Hora
