Aquiles Álvarez y otras diez personas enfrentan cargos por fraude fiscal y asociación ilícita en el caso «Goleada». La audiencia se realiza sin acceso para público ni periodistas.
Redacción nacional
GUAYAQUIL, Ecuador. 11 de febrero de 2026. El juez Jairo García declaró legal la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y de otras diez personas investigadas en el caso «Goleada». En la misma audiencia, celebrada este martes en Guayaquil, la Fiscalía formuló cargos por fraude fiscal y asociación ilícita y solicitó prisión preventiva para el burgomaestre. La diligencia se desarrolló sin acceso para el público ni la prensa.
El juez consultó a los once investigados si sus derechos fueron respetados durante la detención. Todos respondieron que sí. Algunos denunciaron no haber accedido al expediente antes de la audiencia. Con esos antecedentes, el magistrado declaró legal la aprehensión.
El fiscal Dennys Villavicencio expuso la teoría del caso durante más de dos horas. Según su planteamiento, existiría una estructura delictiva dedicada a la venta de combustible subsidiado. El delito imputado es fraude fiscal, asociado al de asociación ilícita.
Los abogados defensores vincularon esta investigación con el denominado caso «Triple A». Ramiro García, defensor del alcalde y sus hermanos, publicó esa tesis en su cuenta de X. El jurista Carlos Soria la ratificó. Soria representa a Pablo Pita, gerente de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil.
El juez dispuso que la audiencia fuera exclusivamente presencial. Prohibió el ingreso de público y periodistas. Hasta el cierre de esta edición, no existe un registro oficial del desarrollo de la diligencia. La información disponible proviene de los abogados intervinientes.
La Fiscalía solicitó prisión preventiva para Aquiles Álvarez. El juez aún no ha resuelto esa petición. Tampoco se conoce si el magistrado dictará medidas cautelares para los otros diez procesados. La audiencia continúa su desarrollo.
El caso «Goleada» investiga una presunta red de corrupción en la Alcaldía de Guayaquil. Entre los procesados figuran dos hermanos del alcalde, funcionarios municipales y empresarios. La Unidad de Flagrancia de Guayas es la sede del proceso.
La declaratoria de legalidad de la detención permite que el proceso continúe su curso. La decisión sobre la prisión preventiva definirá si el alcalde de Guayaquil enfrentará el proceso en libertad o bajo reclusión. La restricción del acceso a la audiencia limita, por ahora, el escrutinio público sobre un caso que involucra a la principal autoridad de la ciudad más poblada del país. (I)
