Las autoridades investigan una presunta red de delincuencia organizada con fines de lavado de activos; se ejecutaron 11 órdenes de detención.
Redaccion nacional
GUAYAQUIL, Ecuador. 10 de febrero de 2026.- “Es parte de la agenda de un Gobierno que ha fracasado en temas como el combate a la criminalidad», sostuvo el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, días antes de ser retenido este 10 de febrero por disposición de la Fiscalía General del Estado. En el operativo denominado «Caso Goleada», el Ministerio Público ejecutó órdenes de detención con fines de formulación de cargos contra 11 ciudadanos, entre ellos el burgomaestre y su hermano, Antonio Álvarez. Las investigaciones señalan la presunta existencia de una red de delincuencia organizada orientada al lavado de activos y a la defraudación tributaria. Durante las diligencias en las residencias de los procesados, los agentes incautaron dinero en efectivo, dispositivos USB y equipos de comunicación móvil para el análisis pericial correspondiente.
El operativo se desarrolló de manera simultánea en varios puntos de la ciudad para recabar evidencias físicas y digitales. La Fiscalía detalló, a través de sus canales oficiales, que el proceso busca determinar la estructura de la presunta red y el origen de los recursos económicos gestionados por los implicados. Aquiles Álvarez enfrenta esta nueva investigación mientras mantiene abierto el proceso judicial conocido como «Caso Triple A», donde se indaga un supuesto tráfico de combustibles. La audiencia de juicio por dicha causa estaba prevista para el 31 de enero de 2026, pero el sistema judicial notificó su diferimiento previo a los eventos de esta mañana.
El material decomisado por los peritos del Ministerio Público incluye bolsas con dinero en efectivo y otros dispositivos de almacenamiento de datos. Las autoridades judiciales disponen de 24 horas para realizar la audiencia de formulación de cargos tras la ejecución de las detenciones administrativas. Los equipos de criminalística continúan con la fijación de evidencias encontradas en los inmuebles allanados durante la jornada.
La situación legal de Aquiles Álvarez profundiza la tensión entre la administración municipal de Guayaquil y el Gobierno Nacional. El alcalde ha mantenido una postura crítica a través de sus redes sociales, calificando las acciones judiciales como una herramienta de persecución política. Mientras se define la situación jurídica de los 11 detenidos, la ciudad permanece a la expectativa del pronunciamiento oficial de la Corte Provincial sobre la continuidad de las funciones del primer personero municipal en este escenario legal.
Con información de LaRepublica.Ec
