A casi dos meses del cierre del paso Internacional Autoridades locales y gremios denuncian la falta de información oficial sobre la medida, mientras un sector de la población respalda el control estatal ante la delincuencia transnacional.
Redacción regional
CHINCHIPE, Ecuador. 9 de febrero de 2026.- “La economía en el puerto La Balsa, tanto del lado ecuatoriano como peruano, ha colapsado», sentenció Ober Valdés, vocal de la Junta Parroquial de Pucapamba, al describir el estado actual del flujo binacional.
El puente internacional permanece cerrado por disposición del Gobierno ecuatoriano, medida fundamentada en una estrategia de seguridad nacional para combatir la delincuencia transnacional.
La decisión ha interrumpido el tránsito de mercancías, el flujo turístico y las conexiones familiares en los territorios de Chinchipe y el norte del Perú. Mientras el Estado prioriza el control del crimen, los residentes de la frontera reportan una paralización de sus actividades productivas básicas.
El impacto en el transporte y la producción es cuantificable.. Tomás Espinoza, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Pucapamba, informó que las unidades de transporte circulan con pocos pasajeros o regresan casi vacías a sus destinos. A esta situación se suma el componente social detallado por Eddy Urrego, presidente del Gobierno Parroquial de La Chonta, quien reportó la separación de grupos familiares residentes en ambos países.
La percepción de abandono trasciende los límites fronterizos. Yeudi Ahumada, coordinador del Eje Vial IV del norte de Perú, cuestionó la gestión de las cancillerías de ambos países tras asegurar que el cierre legal de la frontera solo fortalece a las economías ilegales. «Parece que en las cancillerías piensan que aquí no hay autoridades que luchen y por eso es tan fácil cerrar el paso», afirmó el dirigente al describir cómo el negocio se vuelve opaco y prolifera el contrabando.
Ante la ausencia de un cronograma oficial para la reapertura de la infraestructura, Ahumada solicitó una reunión urgente entre las autoridades de Chinchipe y el distrito peruano de Namballe, y las provincias de San Ignacio y Jaén. La propuesta busca recuperar el espacio legal para frenar el comercio ilícito. El coordinador advirtió que, sin una movilización binacional conjunta, la crisis social y económica en la zona se agravará.
Pese al rechazo mayoritario de los gremios comerciales, existen posturas que validan la restricción.. Un morador de la parroquia Chito, quien solicitó reserva de identidad, manifestó su respaldo a la decisión gubernamental bajo el argumento de que el control fronterizo es necesario para reducir la incidencia delictiva interna.
No obstante, exdirigentes como María Acaro del barrio La Balsa – Ecuador, proponen la formación de una comisión que viaje a Zamora o Quito para solicitar información clara y técnica sobre la duración del cierre. «Estoy lista para coordinar y, si es necesario, ser parte de una comisión para gestionar la apertura», asegura.
La situación en La Balsa refleja la desconexión entre las políticas de seguridad centralizadas y la dinámica de vida en los pueblos fronterizos.. Autoridades de Chinchipe (Ecuador) y de las provincias de San Ignacio y Jaén (Perú) plantean reuniones urgentes para articular una voz regional única. La continuidad de la medida sin una socialización clara mantiene en vilo a una zona cuya subsistencia depende históricamente del intercambio comercial legal entre ambas naciones.
