El expresidente arremete contra la prefecta del Guayas tras la exclusión de esta en la investigación judicial del caso «Caja Chica».

Redacción nacional
QUITO”, Ecuador. 29 de enero de 2026.- Nunca debió estar». Con esta sentencia, el expresidente Rafael Correa selló este jueves la fractura definitiva con Marcela Aguiñaga, una de las figuras más visibles de la Revolución Ciudadana. El ataque digital del exmandatario ocurre luego de que Aguiñaga se desmarcara de las investigaciones por el caso «Caja Chica» —un proceso judicial por presunto manejo irregular de fondos electorales—, lo que ha desatado una crisis de lealtades en la cúpula correísta.
La controversia inició cuando Luisa González, excandidata presidencial, cuestionó la ausencia de Aguiñaga en los operativos de la Fiscalía General del Estado. González señaló que la prefecta figuraba como representante legal del partido durante el periodo investigado. En respuesta, Aguiñaga afirmó que no integró el buró de campaña y que su desvinculación del cargo administrativo fue irrevocable, calificando los señalamientos como «discusiones» que distraen de los problemas nacionales.


Correa rechazó estos argumentos y acusó a la prefecta de priorizar «cálculos políticos» sobre la firmeza ideológica. El exmandatario contrastó la postura de Aguiñaga con la de otros líderes como el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, a quienes elogió por mantener una línea de confrontación directa con el Gobierno.
Aguiñaga sostuvo que desconoce las motivaciones jurídicas de la Fiscalía en el caso «Caja Chica». Este proceso busca determinar si existió una estructura de financiamiento paralelo en las cuentas del movimiento político. La prefecta insistió en que «la política» no debe caer en el uso de allanamientos y acusaciones sin pruebas claras para los afectados.
La salida de Aguiñaga de la esfera de confianza de Correa marca un punto de inflexión para la Revolución Ciudadana en el Guayas, su principal bastión electoral. Este cisma se produce en un escenario de debilitamiento del Estado de derecho —la garantía de que las leyes se aplican por igual a todos— y una creciente fragmentación de las fuerzas políticas de cara a los próximos comicios.

