Ecuador compensa con 92 millones de dólares a sectores vulnerables tras eliminar subsidio al diésel

Gobierno destina recursos a transportistas y agricultores, mientras amplía cobertura de bonos sociales con el ahorro fiscal

Redacción nacional

QUITO, 21 octubre de 2025– El Gobierno ecuatoriano ha desembolsado 92 millones de dólares en compensaciones para transportistas y pequeños agricultores, luego de eliminar el subsidio al diésel. La medida busca proteger a los sectores más vulnerables de la economía familiar, según explicó este martes el ministro de Desarrollo Humano, Harold Burbano.

Entre septiembre y octubre de 2025, se asignaron 20,5 millones de dólares al sector transporte, beneficiando a 16.916 conductores. Paralelamente, 83.260 agricultores recibieron el Bono Raíces, un apoyo único de 1.000 dólares que suma 72,1 millones de dólares invertidos en el campo ecuatoriano.

«Estas compensaciones representan un compromiso con quienes sustentan la economía popular», afirmó Burbano durante la presentación del informe. El secretario de Estado destacó que los recursos ahorrados permitirán ampliar la red de protección social, incorporando a 30.000 nuevos beneficiarios al Bono de Desarrollo Humano.

Inversión social y tensiones políticas

El ahorro por la eliminación del subsidio ha fortalecido los programas de protección social. Además de las compensaciones directas, el Ejecutivo ha destinado más de 370 millones de dólares a bonos sociales que protegen a los sectores más frágiles de la población.

Sin embargo, la medida se produce en un contexto de tensiones sociales. Las mesas de diálogo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) no pudieron instalarse debido a los bloqueos de vías en Imbabura. «Mantener secuestrada una provincia excede el derecho a la protesta», señaló Burbano sobre estas movilizaciones.

La eliminación de subsidios y su impacto en las familias ecuatorianas sigue generando debate entre el Gobierno y las organizaciones sociales, en un escenario donde las compensaciones económicas buscan equilibrar la política fiscal con la protección a los más vulnerables.

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