Una posible suspensión del servicio de hemodiálisis, por deudas millonarias del Estado, pone en riesgo la vida de los pacientes. La comunidad exige una respuesta inmediata.
Redacción regional
ZAMORA, 14 de agosto de 2025.- En Zamora Chinchipe, una grave crisis de salud está en marcha. Los pacientes renales están alarmados por la posible suspensión de su servicio de hemodiálisis. La razón es la falta de pagos por parte del Ministerio de Salud Pública y el IESS, lo que ha generado una deuda millonaria. Para los afectados, esta situación no es solo un problema administrativo: es un asunto de vida o muerte. Reporta el portal InfoZamora
Rodrigo Palma, representante de los pacientes, ha confirmado la noticia. En una reunión, directivos de la clínica les dijeron que el tratamiento ya no se puede sostener.
El Ministerio de Salud Pública debe 19 meses, y el IESS, 14 meses. Esto es mucho dinero y la deuda sigue creciendo.
La falta de fondos no solo afecta a las finanzas. Ha provocado escasez de insumos médicos. Incluso el personal de salud trabaja sin recibir su sueldo.
Ante esta situación, Palma lanzó un llamado urgente. Le pide al presidente de la República, a los ministros y a todas las autoridades provinciales que intervengan. Para él, es necesario evitar una «catástrofe».
El activista Santiago Ochoa también levantó su voz. Denunció que a Loja la han dejado de lado, mientras a otros centros del país sí les han pagado.
Ochoa advirtió que la falta de pagos puede tener consecuencias graves. Se ha hablado de reducir el tiempo de diálisis o de trasladar a pacientes a otras ciudades, lo que, según él, podría «acabar con sus vidas».
La diálisis es un tratamiento vital. Su interrupción no solo vulnera un derecho constitucional, sino que revela una falla grave en el sistema de salud. La falta crónica de pagos a los centros privados se convierte en una amenaza directa a la vida de los pacientes. Este caso, que se suma a la ya larga lista de problemas de salud pública, subraya la urgencia de una gestión transparente y eficiente de los recursos. La ciudadanía demanda que el Estado cumpla con su deber más básico: garantizar el derecho a la salud y la vida.
