Organizaciones denuncian ocupación de tierras destinadas a reforma agraria y presunta complicidad de funcionarios. Piden intervención estatal y restitución de predios.
Redacción regional
CHINCHIPE. 15de julio de 2025.- Ciudadanos y organizaciones agropecuarias del cantón Chinchipe han denunciado la expansión de actividades mineras ilegales en terrenos propiedad del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), específicamente en los sectores de Huiringos, Moreros y Chaguar.
Según los denunciantes, los predios —transferidos años atrás por el Ministerio de Defensa al MAG— debían destinarse a programas de redistribución agraria, pero han quedado en el abandono institucional, sin adjudicación legal ni control estatal efectivo. Esta situación ha sido aprovechada por operadores mineros ilegales que han intervenido playas y riberas con maquinaria pesada, alterando el entorno ecológico y vulnerando la normativa ambiental vigente.
Imágenes satelitales respaldan las denuncias, revelando la apertura de caminos, sedimentación de riberas y remoción de vegetación en zonas sensibles del ecosistema ribereño. La actividad no cuenta con permisos de uso ni licencias ambientales, por lo que constituye un delito ambiental y una ocupación ilícita de tierras públicas.
Organizaciones sociales apuntan a una posible omisión o complicidad por parte de autoridades del MAG, particularmente del director provincial y del responsable del Área de Tierras, quienes —afirman— habrían ignorado alertas reiteradas, solicitudes de adjudicación agraria y reclamos por la ocupación ilegal.
Reclamo por justicia agraria y ambiental
Los denunciantes exigen a las entidades competentes:
- La intervención inmediata de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables.
- Una auditoría técnica y legal al uso de los terrenos del MAG en la zona.
- La remoción de funcionarios que hayan actuado con negligencia o encubrimiento.
- Y la restitución de los predios al objetivo original de reforma agraria, con procesos transparentes de adjudicación a campesinos y organizaciones legalmente constituidas.
El caso ha encendido las alarmas en una provincia donde las tensiones entre intereses extractivos y derechos agrarios siguen en aumento. Las organizaciones advirtieron que, de no recibir respuestas institucionales inmediatas, acudirán a instancias internacionales para denunciar la inacción del Estado ecuatoriano frente a lo que consideran un nuevo caso de devastación ambiental y despojo agrario.
