Santiago Díaz enfrenta críticas por proyecto sobre consentimiento sexual
Redacción nacional
Quito, 10 de julio de 2025 – La Fiscalía de Ecuador allanó la vivienda del asambleísta Santiago Díaz, investigado por el presunto delito de violación a una menor de 12 años, en medio de una controversia por su propuesta de reformar la edad de consentimiento sexual en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Agentes incautaron dispositivos electrónicos, incluidos varios celulares, durante el operativo realizado este miércoles en Quito, como parte de la investigación contra Díaz, quien solicitó licencia sin sueldo hasta el 8 de agosto para preparar su defensa. El legislador, expulsado del bloque de la Revolución Ciudadana, es señalado como un operador clave del expresidente Rafael Correa, prófugo en Bélgica por casos de corrupción.
Días antes del escándalo, el 3 de julio, Díaz presentó un proyecto de ley para modificar el COIP, proponiendo que el consentimiento sexual de menores a partir de 14 años sea considerado en delitos sexuales, según un documento difundido en redes sociales y reportado por Diario La Hora. La iniciativa, respaldada inicialmente por diez asambleístas correístas, se basa en un fallo de la Corte Constitucional que considera que la norma actual limita los derechos de adolescentes al libre desarrollo de su personalidad y decisiones sobre su sexualidad.
La propuesta ha generado rechazo. La asambleísta Cristina Jácome, quien firmó el proyecto, anunció el retiro inmediato de su apoyo, aclarando que respaldó una iniciativa para endurecer penas por feminicidio, no para flexibilizar delitos sexuales. “Como mujer y legisladora, rechazo categóricamente cualquier conducta que atente contra niños, niñas y adolescentes”, afirmó en redes sociales. Su colega Franklin Samaniego y otros tres legisladores también retiraron su apoyo, alegando un malentendido sobre el contenido del proyecto.
Díaz, quien ocupó cargos en la Presidencia, la Secretaría Nacional de Inteligencia y otras instituciones durante el gobierno de Correa (2009-2016), enfrenta una investigación en etapa de instrucción fiscal por 90 días. El Consejo de Administración Legislativa aún no ha evaluado su propuesta de reforma, que ha avivado el debate sobre la protección de menores en Ecuador.
La Fiscalía continúa recopilando pruebas, mientras la opinión pública exige claridad sobre las reformas propuestas y el caso judicial en curso.
